Resumen: VISIONLAB SA alcanzó un acuerdo con la representación legal de los trabajadores relativo a la suspensión de contratos de trabajo y a reducciones de jornada, a adoptar en el periodo del 15/3/21 al 31/1/22, con fundamento en la concurrencia de causas ETOP relacionadas con la COVID. Tras requerimiento del SPEE para que les remitiera la resolución expresa de la autoridad laboral aprobando la prórroga del citado ERTE, a fin de continuar abonando las prestaciones por desempleo, VISIONLAB SA sostiene que no debía solicitar dicha prórroga, por lo que postuló que se declarase que el Real Decreto-ley 18/2021 no era aplicable a ese ERTE y se ordenase el abono de las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados. Argumenta la sentencia que los ERTE-ETOP vinculados a la COVID tienen una regulación legal específica que se aparta de las previsiones genéricas en materia de los ERTE-ETOP establecidas en el Real Decreto 1483/2012. Dicha regulación específica incluye la exigencia de solicitar la prórroga cuando los efectos de la medida se extiendan más allá del 1 de noviembre de 2021; y así, incumplida por la empresa la exigencia legal de solicitar la prórroga del ERTE, como medida de control de la autoridad laboral, se ha de entender que finalizó el ERTE y, por tanto, los trabajadores no tienen derecho a la prestación por desempleo.
Resumen: La sentencia confirma el desahucio por expiración del plazo, que fue ampliado en 6 meses como consecuencia de la normativa relativa a la pandemia (COVID-19). A pesar de lo cual los arrendatarios siguieron ocupando la vivienda. Reitera la sentencia una doctrina consolidada, según la cual la oferta de alquiler social no constituye requisito de procedibilidad para la admisión a trámite de la demanda. Tampoco la vulnerabilidad económica es causa de oposición a la acción de desahucio; ni cabe reconvención por tal motivo que, en su caso debería de sustanciarse en juicio ordinario y no en un verbal. Dicha vulnerabilidad ha de hacerse valer, en su caso, en fase de lanzamiento. El derecho a una vivienda digna es un principio que afecta directamente a la administración pública y no a los particulares.
Resumen: La sentencia valora de nuevo la prueba relativa a la recepción del burofax en el que la arrendadora notificaba que daba por concluido el arrendamiento una vez terminado su plazo de vigencia. Y confirma su recepción en base a pruebas de presunción, pues fue remitido a la vivienda arrendada y firmada por persona que allí se encontraba. Por lo que respecta a la posible vulnerabilidad económica del arrendatario, la sentencia recuerda la doctrina al respecto. Por una parte, la oferta de alquiler social previo a la presentación de la demanda no es un requisito de procedibilidad para su admisión a trámite. En segundo lugar, esta decisión fue corroborada por el Tribunal Constitucional.
